Registro de jornada. CGT impugna judicialmente los acuerdos sectoriales de ahorro y banca

Un sistema de registro de jornada “autodeclarativo ” incumple gravemente los requisitos de la ley y por ende su finalidad , que no es otra que acabar con la lacra social que significan las prolongaciones ilegales de jornada.

Para la CGT, la erradicación de las prolongaciones ilegales de jornada ha sido, y sigue siendo, unas de los ejes fundamentales de nuestra acción sindical. Prolongaciones que son un auténtico fraude social, ya que ni son pagadas a quienes prolongan, ni son cotizadas a la seguridad social, ni son tributadas a la hacienda pública, e impiden además la creación de empleo en unos momentos en los que el reparto del trabajo debiera ser una prioridad de Estado. En definitiva, unas prolongaciones que únicamente benefician a las patronales empresariales.

Con la entrada en vigor de la ley que obliga a las empresas a registrar la jornada de trabajo de sus plantillas, se nos abría un escenario esperanzador para definitivamente desterrar esta lacra social. Sin embargo, como ya viene siendo tristemente habitual, nos hemos encontrado con que los sindicatos institucionales, CC.OO. y UGT, con la colaboración adicional de FINE, han traicionado nuevamente a la clase trabajadora, pactando a nivel sectorial con la patronal de ahorro -CECA- y con la bancaria -AEB- unos sistemas de registro de jornada que permiten, involucrando negativamente a la persona trabajadora, seguir prolongando la jornada laboral sin que ello conste en el registro.

A estas alturas, los trabajadores de los sectores de ahorro y banca saben perfectamente a que nos estamos refiriendo, ya que son sufridores en primera persona de estos sistemas autodeclarativos de registro que les obligan, bajo presión empresarial, a autodeclarar una jornada que realmente no hacen, limitándose para evitar excesos a registrar la jornada oficial. Sistemas por tanto no basados ni en hechos objetivos, ni fiables, tal como exige la ley, sino exclusivamente en “fichajes” a destiempo, que pueden resultar condicionados por coacción de la empresa.

Es por ello por lo que, desde CGT no vamos a consentir, que por la tremenda irresponsabilidad de unos sindicatos desclasados, se pierda la oportunidad única que ahora posibilita la ley para acabar con las prolongaciones de jornada y con todo lo negativo que estas llevan asociado, por lo que hemos procedido a través de nuestros servicios jurídicos a impugnar judicialmente ambos acuerdos sectoriales, al entender que este tipo de sistemas basados en la autodeclaración incumplen notoriamente los requisitos y objetivos que persigue la ley.

Una vez demandados esos acuerdos sectoriales, desde CGT vamos a proceder, por las razones ya esgrimidas y otras más específicas y particulares, a demandar también los sistemas de registro de jornada de estas características que ya se han implantado o se están implantando en empresas de ambos sectores.