El pasado mes de abril de 2019 se actualizó la composición social de la mesa negociadora, del que será el XXIV Convenio Colectivo de Banca, para adecuarla a los resultados surgidos del proceso electoral de febrero 2019. Una mesa finalmente compuesta por CCOO, UGT, CGT, FINE, CIG y ELA.

En aquella reunión inicial se decidió dar prioridad a la negociación de un sistema de registro de jornada que diera cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 8/2019 de 8 de marzo. Un sistema de registro objetivo, de obligado cumplimiento para las empresas, donde quede recogida de manera fiable, veraz e inalterable la hora de entrada y la hora de salida de las personas trabajadoras, con el que desde el legislativo se pretende, tal y como desde CGT hemos defendido y demandado, acabar, entre otras cosas, con las numerosísimas prolongaciones ilegales de jornada que se vienen dando en las empresas, muy especialmente en las del sector financiero.

Finalmente, tras ocho meses de básicamente marear la perdiz y dejar transcurrir el tiempo, los sindicatos CCOO, UGT y FINE, junto a la patronal bancaria AEB firmaron el pasado 18 de diciembre un acuerdo marco para todo el sector bancario, basado, tal y como siempre quiso la patronal, en un sistema autodeclarativo en el que sea la propia persona trabajadora la que autodeclare, sin rigor alguno, la jornada laboral que supuestamente ha realizado.

CGT no firmamos este acuerdo por entender que los sistemas de registro basados en la “filosofía de la autodeclaración”, que a la patronal gusta denominar como basados en la “relación de mutua confianza”, dan apariencia de cumplir con la ley, pero a nuestro modo de ver incumplen clara y gravemente lo establecido en el citado Real Decreto, por cuanto ni son objetivos, ni son fiables, llegando por tanto a poder ser no veraces.

De todas y todos es conocido el nivel de presión, tanto comercial, como laboral, fruto de la inestabilidad creciente del empleo en el sector, al que están sometidas sus plantillas. Por tanto, es un gravísimo error que los sindicatos consientan con su firma, añadirles la presión adicional que supone tener que autodeclarar su jornada laboral, más si cabe cuando esta difícilmente coincidirá con la jornada efectivamente realizada, ante las directrices que inequívocamente se darán desde las empresas para que todo siga igual. Una falsa autodeclaración inducida que, además de poner en riesgo la empleabilidad, lejos de solucionar el problema de las prolongaciones de jornada, servirá para legalizarlas, y eternizarlas, y lo que es peor aún, para frustrar las expectativas de quienes pusieron sus ilusiones en esta regulación.

Desde CGT combatiremos desde la acción sindical, que incluye la vía judicial, este tipo de acuerdos allá donde se suscriban, por entender que vulneran el espíritu de la ley, para tratar de revertirlos. No vamos a ser cómplices, ni de la patronal, ni de los sindicatos firmantes y mucho menos, vamos a dejar desamparadas a las plantillas.

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