aportaciones

La realidad es siempre tozuda y desmiente a quienes, como herramienta de descrédito, utilizan medias verdades para justificar sus miserias. Perder o ganar derechos es la línea roja que en CGT nos ponemos para firmar o no firmar un acuerdo.

Venimos observando que el sindicalismo subvencionado, aquel que viene siendo cómplice necesario de los atropellos que el Banco viene llevando a cabo en los últimos tiempos, está trasladando a la plantilla en sus visitas, como argumento de descrédito hacia la CGT, que somos muy radicales ya que no firmamos ningún acuerdo. Y en cierta medida ese argumento tiene parte de verdad, pero solo parte, ya que se les olvida interesadamente decir que no firmamos ningún acuerdo que perjudique a la plantilla. Sigue leyendo

La primera reunion de la mesa abierta para negociar el incremento de las aportaciones del Banco al Plan de Pensiones arranca con propuestas de las partes tremendamente alejadas. El Banco propone una subida mensual ridícula de 2,92€ muy alejada de las necesidades que en materia de previsión social tiene la plantilla.

En cumplimiento del Acuerdo de terminación y traspaso en bloque del «Plan de Pensiones de Promoción Conjunta Banco Popular» al «Plan de Pensiones Santander Empleados», el pasado 15 de octubre se abrió una mesa entre el Banco y la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLT) para negociar un incremento de las aportaciones del promotor. Unas aportaciones fijadas en la actualidad en 800€/año (66,66€/mes). Sigue leyendo

Como siempre hemos denunciado en todos los foros desde CGT, Banco Santander a pesar de estar obligado por ley, no ha aportado ni un solo euro al Tesoro Público por los despidos de mayores de 50 años llevados a cabo en sus ERE’s de 2013, 2016 y 2017. Miles de despidos a los que hay que añadir los ejecutados por Banco Popular en 2017.

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social preveía en su disposición adicional decimosexta (DA16), conocida como “enmienda telefónica”, que las empresas con beneficios que llevasen a cabo Procedimientos de Despido Colectivo que afectasen a mayores de 50 años, debían contribuir al Tesoro Público, para no socializar los costes de los despidos, con el importe correspondiente a sus prestaciones, subsidios y cotizaciones a la Seguridad Social. Sigue leyendo

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