Llevamos lamentablemente demasiado tiempo observando como el sindicalismo subvencionado ha venido utilizando sistemática, reiterada e interesadamente la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en el año 2012 como excusa permanente para, en aplicación de su teoría del “mal menor”, firmar acuerdos lesivos para la clase trabajadora.

Excusas que todos y todas hemos podido ver, oír y leer, tanto en medios de comunicación, como en sus propios comunicados sindicales, tales como que “aquella” reforma laboral permite a las empresas llevar a cabo unilateralmente procesos de despido colectivo, modificaciones sustanciales individuales/colectivas de las condiciones del trabajo, entre otras, y que le han servido como justificación recurrente para claudicar ante los intereses patronales y para no plantear conflictos laborales para defender los derechos de las personas trabajadoras.

Ahora, tras el incumplimiento de sus promesas electorales y de su acuerdo de coalición para “derogar” íntegramente la última reforma laboral, el actual gobierno “socialistamorado supuestamente más progresista de la historia, tras meses de marear la perdiz y de renunciar a sus compromisos y a sus apoyos parlamentarios, ha alcanzado un acuerdo con los denominados agentes sociales (sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPIME) para reformar algunos puntos de la actual legislación laboral.

Un acuerdo-estafa que, lejos de derogar los aspectos más dañinos de la reforma laboral del Partido Popular, los ratifica y perpetúa definitivamente, para escarnio de la clase trabajadora y para regocijo de la patronal.

Por tanto, ya jamás volverán los salarios de tramitación, cuya desaparición abarató tremendamente el coste de los despidos improcedentes, ni las indemnizaciones de 45 días por año trabajado, ni la autorización administrativa preceptiva para poder acometer un expediente de despido colectivo, ni la limitación de la capacidad empresarial para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, ni la esperanza de acabar con la precarización que lleva implícita la subcontratación de servicios propios de la empresa principal.

Desgraciadamente, si algo tiene este acuerdo de bueno, es que definitivamente los sindicatos (que viven de subvenciones públicas y de prebendas privadas) ya no podrán en el futuro tomarnos más el pelo, excusándose en las reformas laborales para justificar sus renuncias, ya que ahora están avaladas con su firma. A partir de ahora, sus renuncias, que por desgracia soportamos toda la clase trabajadora, serán voluntarias, aunque (para ellos) no gratuitas.

No obstante, bien conocedores de su nivel de hipocresía y de cara dura, estamos seguros, y más pronto que tarde lo podremos comprobar, de que volverán a inventarse nuevas o a recuperar viejas excusas para culpar (como siempre) a terceros de la venta de los cada vez menos derechos que le quedan a la clase trabajadora.

O sacamos al zorro del gallinero o nos quedaremos sin gallinas. Está en nuestra mano y es nuestra obligación y responsabilidad el conseguirlo.

FESIBAC-CGT

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