En el día de ayer, como ya habían pronosticado ciertos medios de comunicación y al alimón de correa de transmisión sindical/patronal, los sindicatos CCOO, UGT, FITC y STS firmaron el denominado Protocolo de Fusión. 

En primer lugar, sería conveniente explicar qué es y para qué sirve un protocolo de fusión. Un protocolo de fusión, como indica su nombre, es un documento que marca y/o fija unas pautas o directrices por las cuales se llevará a cabo una fusión, en este caso de varias entidades.

Dicho esto, indicar que la fusión a la que trae a cuento el acuerdo, realmente ya se llevó a cabo el pasado 28 de septiembre, con la inscripción en el registro mercantil de la escritura de fusión por absorción del Banco Popular por Banco Santander. 

A modo de referencia, indicar que en la anterior fusión con Banesto y Banif, el proceso comenzó con el acuerdo de los consejos de administración de los bancos, la firma de un protocolo de fusión, la firma de un acuerdo de homologación de condiciones de las diferentes plantillas, para terminar con la fusión jurídica.

En el caso actual, el proceso no ha seguido los mismos pasos lógicos. Por tanto, ¿Qué sentido tiene hablar a fecha de hoy de futuribles, cuando el hecho causante ya es pasado y la mayoría de las cosas acordadas, o ya están en vigor, o son de obligado cumplimiento por ley? ¿Hay algo que no se dice públicamente y que pudiera estar detrás de la firma de este acuerdo?

En el punto cinco, puede estar la respuesta a la pregunta. Un punto dónde se incorpora el mantenimiento de las facilidades sindicales, hasta el fin de su inicial mandato -febrero de 2019- para los 477 delegados y delegadas sindicales provenientes de las entidades absorbidas. 399, pertenecientes a los sindicatos firmantes.

Para evitar malas interpretaciones, desde CGT no nos hemos opuesto a ello, es más lo hemos reivindicado y defendido en la mesa de negociación por entenderlo justo. Ahora bien, en ningún caso hemos aceptado que esta facilidad sea contraprestación de la firma de un acuerdo que no tiene ningún sentido a estas alturas, por extemporáneo, por no aportar ninguna certidumbre sobre el proceso de reorganización que, como todo indica, se pueda llevar a cabo tras la integración de marcas, salvo precisamente el garantizar las facilidades sindicales anteriormente descritas.

Un acuerdo que, a petición expresa de la parte sindical firmante, ha ido modificándose, desde su borrador inicial propuesto por el Banco, hasta su texto definitivo, para dulcificar términos y/o expresiones incomodas, con la única finalidad de que esta, pueda vender, en periodo preelectoral, un producto que no garantiza nada de lo que se tratar de vender sobre el devenir futuro del empleo.

Desde CGT hemos defendido que no es misión de los sindicatos refrendar mensajes, políticas empresariales, ni discursos diseñados desde la cúpula directiva del Banco, más aún cuando no hemos participado, ni se nos ha pedido opinión sobre cuales debían ser. En último caso, nuestra única misión es defender sin complejos los derechos de la plantilla, entre los cuales y como principal, consideramos el empleo.

Hablar de que no se tienen definidas las medidas que se llevarán cabo para que el banco cumpla sus objetivos, los suyos, no los nuestros, que no olvidemos son obtener más beneficios a costa del empleo, es una tomadura de pelo, agravada más si cabe, con decir a continuación que las medidas que se tomarán, darán prioridad al uso de procedimientos voluntarios y vegetativos, sin especificar cuáles. Desde CGT hemos puesto encima de la mesa, y sin suerte, para tranquilidad inequívoca de la plantilla, que el acuerdo recogiera expresamente el uso exclusivo de la prejubilación clásica para, en su caso, llevar a cabo los indicados procesos futuros de reorganización. 

Desde CGT no seremos los que traslademos ninguna inquietud a la plantilla, pero tampoco queremos participar de un engaño masivo. Un engaño que la parte sindical firmante, la de siempre, ya está tratando de vendernos en sus comunicados. Venta ya iniciada días atrás, como ya habréis podido leer, por una prensa que, lejos de informar, hace de correa de transmisión de los mensajes intencionados, sin contrastarlos, de la parte patronal/sindical firmante. La pregunta final es, ¿Estamos más tranquilos tras lo firmado, ayer que hoy?

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