Los días 14 y 16 de mayo se han celebrado, al amparo del art. 12 del convenio colectivo, dos nuevas reuniones en las que la Empresa, ninguneando las medidas alternativas propuestas desde CGT, ha vuelto a insistir en que la única fórmula válida para acometer la reestructuración, tras la integración definitiva del Banco Popular, pasa inexorablemente por el cierre de 1.150 oficinas y el despido de 3.713 personas.

Las reuniones celebradas los días 14 y 16 de mayo, han servido exclusivamente para que la Empresa se ratifique, apoyada en las conclusiones de un informe técnico, que nos ha sido presentado por la consultora externa encargada de su confección, en la necesidad de, por causas productivas y organizativas, plantear el cierre de 1.150 oficinas, un 26% de las actuales y el despido de 3.713 personas, un 11% de la plantilla actual.

Un informe técnico que ha llegado a esa conclusión numérica, tras el estudio, por un lado, de la situación del sector y por otro, del de la propia Empresa. Estudio basado en diversos datos estadísticos obtenidos de varias fuentes, entre las cuales está el propio banco. Datos, entre otros, como: márgenes, tipos de interés, volumen de operaciones, solapamientos, etc.

Sin embargo, y así se lo hemos recriminado a la consultora, hemos echado en falta, para que el informe tenga el rigor requerido, el impacto que, sobre las cifras de reducción de personal pretendido, tendría la supresión de los trece millones de horas anuales que se prolongan ilegalmente en el sector. Un impacto a nuestro modo de ver nada desdeñable que, sin duda alguna, haría que el número de personal a despedir se redujese sustancialmente.

Además, desde CGT afirmamos la existencia de una clara y evidente relación causa-efecto entre los beneficios pretendidos por la Empresa y las conclusiones del informe. Una relación que lo vicia y lo predispone inexorablemente hacia las citadas conclusiones, ya que, a mayor beneficio pretendido, mayor recorte necesario para llegar a él.

Pero más allá de las explicaciones y las motivaciones dadas, lo que nos ha quedado claro, tras las tres reuniones habidas, ha sido la nula predisposición del Banco para dar cumplimiento al espíritu del artículo 12 del convenio colectivo, en el sentido de, entre todos, tratar de buscar medidas alternativas a las extinciones de contrato previstas en un proceso de despido colectivo.

Desde CGT, creyentes en el abanico de posibilidades que permite el artículo 12, hemos planteado, sin ningún éxito, por la citada actitud de la empresa, una batería de propuestas tendentes a buscar fórmulas que conjuguen los intereses del banco y los intereses de la plantilla. Fórmulas entre la que destaca sobre todas, un acuerdo de prejubilaciones a partir de determinada edad.

Una vez finalizado el periodo de reuniones a las que obliga el convenio colectivo y tras la negativa de la empresa a renunciar al uso de los despidos, nos vemos abocados a la apertura formal del periodo legal de consultas que se iniciará el próximo jueves 23 de mayo, y en cuya mesa de negociación, CGT contaremos con dos de los trece miembros de la parte social, fruto de los resultados habidos en las recientes elecciones sindicales.

Una mesa desde la que CGT seguiremos insistiendo en el uso de la fórmula de las prejubilaciones como mejor y más valorada por la gente, herramienta de adecuación de plantillas.

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