Diversas leyes, desde la Constitución Española, el Estatuto de los Trabajadores y/o La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, reconocen el derecho de las personas trabajadoras al descanso, a la intimidad y, unido a ambas, a la desconexión digital.

Descanso, intimidad, desconexión digital están ampliamente recogidos y reconocidos como derechos en diversas leyes: La Constitución Española, obliga a los poderes públicos a garantizar el descanso necesario de las personas trabajadoras; el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de estas a su intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión; la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales indica, que los trabajadores y los empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.

Pero no solo las citadas leyes reconocen tales derechos, sino incluso acuerdos laborales firmados por el propio Banco Santander. El Acuerdo Laboral de Fusión Santander-Popular-Pastor de 26 de junio de 2018, en su anexo IV relativo a los criterios para una ordenación racional del tiempo de trabajo, se hace referencia expresa al reconocimiento “del derecho de los y las profesionales para no responder a emails o mensajes profesionales fuera de sus horarios de trabajo, ni durante los tiempos de descanso, permisos, licencias o vacaciones”.

Por tanto, cabría preguntarse: qué está pasando para que estos derechos estén siendo vulnerados sistemática e impunemente por mandos intermedios; y por qué, desde la dirección del Banco, conocedores de tal vulneración, la consienten de manera cómplice.

Multiconferencias, reuniones y/o LYNCs diarios, convocados sobre la marcha, sin cumplir siquiera las propias directrices del Banco sobre convocatorias. Unos convocados fuera del horario laboral, a partir de las dos de la tarde en la red de oficinas Smart y/o de las cuatro en el resto de oficinas de la red universal, que contravienen gravemente los derechos de los y las convocadas, muchos de ellos disfrazados de formación para tratar de camuflar su evidente ilegalidad; otros convocados repetidamente durante la jornada laboral, cuyos únicos fines son los de presionar, más si cabe, a las plantillas para la consecución, sea al precio que sea, de unos objetivos, da igual cuáles sean (recursos, seguros, digitalización), unilaterales, imposibles e insostenibles en el tiempo.

No es lógico, ni razonable y así lo estipulan las propias normas del Banco, varias convocatorias el mismo día, ni siquiera la misma semana, ya que finalmente, debido a la falta endémica de personal que tienen la gran mayoría de oficinas, el asistir a las mismas conlleva, además de una pérdida diaria de tiempo, una  superior carga de trabajo y una peor atención al cliente.

Pero, como si esto no fuera suficiente, se han creado grupos de WhatsApp que, en lugar de servir para intercambiar experiencias, son utilizados por el personal directivo para abundar en esa presión antes citada. Mensajes que se reciben a cualquier hora y que exigen una respuesta inmediata.

En fin, toda una suerte de despropósitos que no deben caber en un banco que pretende estar, como quiere la Presidenta, entre los mejores para trabajar.

Menos palabras y más hechos.

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